Cuando es posible ‘divorciarse’ sin estar casado… malo

Hace años que sabemos que lo políticamente correcto y multitud de imposiciones de diversas ideologías tan subvencionadas como totalitarias nos ofrecen realidades plenas de paroxismo, incongruencia y contradicción.

La última del catálogo, al menos la última que ha llegado a mi conocimiento, es que ya existe la primera estadística de rupturas de «parejas estables». La recoge por primera vez el Servicio Estadístico del Consejo General del Poder Judicial, con las siguientes cifras:

En el primer trimestre de 2019, se han registrado en Cataluña 21 demandas de ruptura consensuada y 12 no consensuada entre los miembros de las llamadas «parejas estables». En el mismo periodo de 2018, fueron 26 y 9, respectivamente.

El Registro de Parejas Estables de Cataluña está operativo desde abril de 2017 y pretende dotar de un marco legal a aquellos que no quieren acogerse al marco legal matrimonial. Algo así como casarse, pero poco.

Los requisitos exigidos, los que siguen: O acreditar convivencia de dos años de forma ininterrumpida dentro de Cataluña; o tener un hijo en común; o un documento ante notario que acredite la condición.

Lo más relevante de este asunto, más allá de las cifras, es que parece bastante incongruente de principio a fin. 

Es común, cada vez más, que una pareja decida no casarse, como se farfulla tantas veces, «porque nuestro amor no necesita de papeles». El argumento no es especialmente brillante, pues hasta en las sociedades más primitivas se daba algún tipo de contrato (compromiso) entre los miembros de la pareja, aunque fuera verbal.

Desde el mero intercambio de unos bienes o la petición de permiso a los padres, hasta la unión de reinos, de todo se ha visto en la historia para sellar un compromiso público de estas características.

Pero no me dirán ustedes que no resulta ciertamente incoherente acudir al argumentario de la adolescencia eterna de raíz sesentayochista referido al amor libre para no dar fe pública del compromiso adquirido mediante un matrimonio, ya sea civil o religioso, y, a continuación, inscribirse en un registro donde quede constancia de ese libérrimo amorío… una vez cumplidas las normas establecidas.

El retruécano total lo hallamos cuando, una vez consumada la ‘traición’ al amor libre con la adquisición de un número de registro y, por tanto, quedar dentro del sistema, la ruptura queda también anotada para los siglos de los siglos, en una flagrante contradicción de las supuestas razones que llevaron a despreciar el casamiento.

«Existen estructuras sociales que benefician más al bien común que otras. Sin duda, la del matrimonio -y en su natural evolución, la familia- es esencial. Pero en España no se ha dejado de torpedearlo»

Queda patente que, hasta quienes proclaman con falsedad cada vez más aceptada que el matrimonio (si y sólo si es entre hombre y mujer) es una estructura de opresión hereopatriarcal, sea lo que sea que eso signifique, comprenden que la decisión de convivir con otra persona produce efectos en la sociedad.

Por eso se hizo necesario que una institución de derecho natural se incluyera en los códigos legales. Porque no es igual casarse que no casarse. Tener hijos que no tenerlos. Divorciarse que no hacerlo. No le puede dar lo mismo a la sociedad, aunque quiera mirar a otro lado.

Existen estructuras sociales que benefician más al bien común que otras. Sin duda, la del matrimonio -y en su natural evolución, la familia- es esencial. Pero en España no se ha dejado de torpedearlo.

Desde el punto de vista legislativo, la primera andanada se produjo con la aprobación del divorcio en 1981. Su modificación en ‘divorcio exprés’ a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero convirtió el contrato matrimonial en una farsa y pasó lo que pasó: las rupturas familiares se dispararon en 10 años de los 50.000 divorcios en el 2004 a más de 100.000 en el 2014.

En 2005, se produjo la equiparación del las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio. De tal manera que, las políticas que debían ir encaminadas a proteger una institución esencial en cualquier sociedad, serían siempre ineficaces por el mero hecho de la disolución del concepto matrimonial. Si el matrimonio no es reconocido como lo que es, entonces puede ser cualquier cosa, que es lo mismo que no ser nada.

Ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se trata de una de las normas más ideologizadas y sectarias de nuestro ordenamiento jurídico.

Más allá de lo que supone de ataque a la igualdad, a la no discriminación o a la presunción de inocencia, o de que habilite un entramado asociativo tan subvencionado como totalitario, esta norma pone sobre la mesa de la ruptura familiar un arsenal legal (basado en muchísmas ocasiones en denuncias instrumentales, cuando no falsas) que hace imposible -por deseable que sea- cualquier posibilidad de reconciliación.

El adagio clásico dice con razón: «Familias fuertes, sociedad fuerte». Convendría fortalecer su pilar básico: el matrimonio. Reconocer la realidad de su naturaleza: formado por un hombre y una mujer. Proteger su valía con leyes justas. Promover los procesos de reconciliación y apoyo a los que estén en crisis y buscar fórmulas para minimizar las consecuencias cuando esto no es posible.

* Publicado en Actuall

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